SANTIAGO DE CHILE.- Dos gobiernos afines, dos presidentes que se elogian en público y, en cuestión de semanas, una sucesión de declaraciones y gestos que devolvió al vocabulario político chileno palabras que parecían archivadas: soberanía, disuasión, renovación del arsenal.

El viernes, durante una gira por la Región de Los Ríos y en medio de la presión de su propio sector, José Antonio Kast tuvo que desmentir al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había asegurado en A24 que ambas armadas realizan un “patrullaje combinado” en el Paso Drake y ejercicios conjuntos en Magallanes.

“Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”, respondió el presidente chileno. “Cualquier buque, cualquier bandera, tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación”. Y remató: “El Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona”.

El Ministerio de Defensa chileno fue más técnico y precisó que los únicos acuerdos de trabajo conjunto en la zona austral son la Patrulla Antártica Naval Combinada, estacional y en aguas internacionales, y el Ejercicio Viekarén, de búsqueda y rescate en el canal Beagle.

La reacción presidencial fue el corolario de una incomodidad que en Chile se venía acumulando desde hacía semanas, alimentada por declaraciones de militares y autoridades argentinas. Del otro lado de la cordillera, cada episodio se agotó en su propia aclaración y el asunto nunca llegó a instalarse en la agenda pública.

En Chile ocurrió lo contrario: seis excomandantes en jefe de la Armada salieron a pedir firmeza, la Cámara de Diputados aprobó por 57 votos contra 49 la primera interpelación a un ministro de esta administración -el canciller Francisco Pérez Mackenna deberá responder el lunes 28 por los episodios con la Argentina- y el gobierno terminó obligado a dar cuenta del estado de sus Fuerzas Armadas.

“La seguidilla de hechos ha provocado un clima de desconfianza en la opinión pública chilena”, dice a LA NACION el senador Iván Moreira, vicepresidente del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores. “Hay una sucesión de actos y declaraciones de diversos gobiernos argentinos que han alimentado la sospecha de que esto forma parte de una estrategia de mayor aliento, con un objetivo que desconocemos”.

El podcast que encendió la mecha

El domingo 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, general Gustavo Valverde, sostuvo en un podcast que “Magallanes, el sur, el Mar de Drake, todo eso es soberanía” y que había que hacer presencia allí porque se trata de “una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”.

Era el segundo alto oficial argentino en cuatro meses en cuestionar la soberanía chilena sobre el Estrecho. En abril, el contraalmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval, había afirmado en otro podcast que la boca oriental era argentina. Ese primer episodio pasó sin reacción formal de La Moneda, pero esta vez la Cancillería envió una nota de protesta y Pérez Mackenna recordó que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho “se funda en los Tratados de 1881 y 1984”. El 3 de septiembre, en Santiago, Kast y Javier Milei firmaron un comunicado que ratificó ese régimen jurídico.

Sin embargo, la calma duró tres días. En Radio Mitre, la senadora Patricia Bullrich enumeró las prioridades estratégicas argentinas e incluyó “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. El domingo 6 le escribió al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, para atribuirlo a “una confusión de nombres”: había querido decir canal Beagle, y que el Estrecho pertenecía “en su totalidad a la hermana República de Chile”.

Ese mismo fin de semana, el canciller Pablo Quirno aclaró que al hablar de un país “bicontinental y bioceánico”, aludía a la ruta hacia la Antártida.

Las rectificaciones llegaron tarde para la opinión pública. Una encuesta de la consultora Cadem del 6 de septiembre mostró que el 47% de los chilenos consideraba que Kast había manejado mal la controversia.

Dos cartas y una memoria de 1978

La advertencia más dura llegó desde la propia Armada chilena. El 2 de septiembre, seis almirantes en retiro que fueron comandantes en jefe de la institución -Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Julio Leiva y Juan Andrés de la Maza- publicaron una carta en El Mercurio donde recordaron que algunos de ellos vivieron la crisis del Beagle, “que llevó a ambos países al borde de una guerra”, y advirtieron que la Argentina “ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico”.

Y cerraron con una frase que se citó durante días: “La historia aconseja prudencia, pero también firmeza. Ya en 1978 Argentina declaró insanablemente nulo el Laudo Arbitral sobre el Beagle. Esa experiencia no debiera olvidarse”.

Cuatro días después llegó la segunda carta, de seis exministros de Defensa de gobiernos de distinto signo, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina, que advirtieron que el financiamiento de las capacidades estratégicas se está tratando como una variable de ajuste fiscal. Vidal aclaró que el reclamo no era belicista: “Nuestra capacidad militar no es para ofender”.

La lectura se repitió en la oposición: Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gabriel Boric, sostuvo que los episodios no pueden analizarse por separado. “Son demasiados los hechos acumulados”, dijo.

El decreto que Chile reclama

Detrás del malestar hay un documento. El decreto 457, firmado en 2021 bajo Alberto Fernández, aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y menciona la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”, como se denomina en la Argentina al Paso Drake. Chile protestó por carta formal ese mismo agosto y el decreto sigue vigente, igual que el 256 de 2010, que los excomandantes de la Armada consideran incompatible con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Ahí ubica Iván Moreira el nudo. “El presidente Milei ha reconocido el apoyo chileno a la Argentina en el tema Malvinas, sin que ese gesto solidario sea correspondido con un acto que solo depende de él, como es la derogación del decreto 457/2021. Es una omisión que nadie podría calificar de amistosa”, afirma.

El senador fue el 5 de septiembre la voz más audible del enojo chileno. Pidió al gobierno abandonar la prudencia –“nosotros seguimos poniendo la otra mejilla y creo que eso tiene que terminar”- y cerró su declaración devolviéndole al mandatario argentino su propia muletilla: “Si al presidente Milei le gustan las arengas, respondámosle en su propio estilo: viva la libertad, viva nuestra soberanía y viva la dignidad de Chile, carajo”. La frase recorrió el país en horas.

Para Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, el problema no fue el contenido de la respuesta chilena sino su demora. “Hubo una nota de protesta y un comunicado conjunto con una aclaratoria. Pero claramente ya no es suficiente, porque muchos sectores piden mayor fuerza para la enmienda o el reemplazo del decreto 457”, explica.

Puertas adentro, el endurecimiento del discurso cumple una función. “Hay un uso político en dos sentidos”, plantea Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca. El primero: “Aunque estos efectos suelen ser solo de corto plazo, permitirían a Kast tener un respiro dados los malos resultados económicos y de opinión pública”. El segundo mira hacia adentro del oficialismo: “Las posiciones más duras de defensa ayudan a controlar el desangre en su propio sector. Una respuesta dura es lo que hoy esperan los electores de derecha más firme”.

El telón de fondo, sin embargo, excede a los dos vecinos. Aranda lee la secuencia como una derivada de la doctrina Monroe, el principio de 1823 que reservaba el hemisferio a la influencia de Washington y que la Estrategia de Defensa 2026 de Estados Unidos actualizó al priorizar el dominio militar del hemisferio occidental.

En ese esquema, la Argentina y Colombia figuran como socios preferentes, se pide a los gobiernos elevar presupuestos de defensa y comprar material norteamericano, y se reparten incentivos: el guiño de Donald Trump sobre Malvinas fue, para el académico, “un recado primero para Londres y después para Buenos Aires”.

“En cuanto a capacidad militar, Chile hoy está por sobre la Argentina, es un hecho de la causa”, dice Raúl Sohr, analista de defensa y el primer periodista latinoamericano que llegó a Malvinas después de la guerra de 1982. “Pero acá no importan tanto los fierros como la diplomacia”, añade.

De igual modo, los números alimentan la inquietud chilena. La Argentina firmó en abril de 2024 la compra de 24 F-16 A/B MLU de segunda mano a Dinamarca por unos 300 millones de dólares, la mayor adquisición aérea del país en décadas. Los primeros seis llegaron a Río Cuarto el 5 de diciembre de 2025, otros seis se esperan a fines de este mes y el cronograma prevé completar las entregas en 2028. Del lado chileno, la Fuerza Aérea opera 46 F-16 comprados a Estados Unidos y Holanda entre 2002 y 2011.

Lo que la controversia terminó abriendo en Chile, sin embargo, es una discusión que el gobierno venía esquivando: el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas, creado por la ley 21.174 en reemplazo de la Ley Reservada del Cobre, debía recibir unos 500 millones de dólares al año y no recibió nada en 2023 ni en 2024. “Lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden”, reclamó Desbordes, hoy alcalde de Santiago.

Moreira lo dice desde el Senado en términos más suaves. “Chile es un país que apuesta por la paz, respetuoso del derecho internacional y no mantiene reclamos territoriales”, afirma. “Sin embargo, cada cierto tiempo nuestros vecinos nos plantean reclamos y disputas, por lo que es necesario mantener una capacidad disuasiva importante”. Y agrega: “Los chilenos estamos decididos a defender nuestra soberanía y nuestra dignidad”.

A principios de agosto, tres de los países musulmanes más poblados del mundo firmaron un pacto de defensa en La Meca, la ciudad más sagrada del Islam. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, los tres aliados de Estados Unidos en una región profundamente inestable y actualmente en guerra, acordaron que cualquier ataque contra uno de ellos sería considerado una agresión contra los demás, en una fórmula que recuerda al Artículo 5° del tratado de defensa colectiva de la OTAN.

Sin embargo, las razones y el verdadero alcance del acuerdo siguen siendo opacos. Entre las explicaciones que más consenso generan entre los expertos aparecen la intención de diversificar el paraguas de seguridad ofrecido por Washington, en momentos en que Estados Unidos pierde credibilidad e interés en la región, y la búsqueda de contener la influencia de Israel e Irán, dos actores con enorme peso militar y político en Medio Oriente.

A esas hipótesis se suman otras. El pacto podría apuntar a consolidar un eje de poder con mayor autonomía respecto de Estados Unidos, ampliar la cooperación tecnológica y militar, aprovechar el efecto disuasorio del arsenal nuclear paquistaní y exhibir un frente sunita unido, correspondiente a la rama mayoritaria del Islam. Pero el peso real de cada una de esas interpretaciones solo podrá evaluarse cuando se conozcan los términos concretos del acuerdo.

La otra gran incógnita fue la ausencia de Egipto, que ya coopera estrechamente con los tres firmantes dentro de un grupo informal conocido como “STEP”, por las iniciales de los cuatro países, y que en la previa aparecía como un candidato casi seguro a sumarse. Su decisión podría explicarse por la cautela estratégica que ha caracterizado al país bajo la presidencia de Abdel Fattah el-Sisi.

A fines de agosto, el mandatario egipcio recibió en El Cairo a su par chino, Xi Jinping, en un encuentro que fue leído ampliamente como un nuevo paso de Pekín en su intento por establecer una alternativa a la hegemonía norteamericana y afianzar sus vínculos con otro de los aliados históricos de Washington en la región.

En el comunicado publicado tras la visita de Estado, ambos líderes destacaron la necesidad de fortalecer la voz del Sur Global y dijeron acoger con satisfacción los esfuerzos regionales e internacionales para fomentar el diálogo en Medio Oriente.

Un nuevo eje de influencia en la región

“No se trata de un intento de reemplazar a Estados Unidos, sino de otorgarles flexibilidad estratégica mientras se preserva el margen para que la relación con Washington continúe”, analizó para LA NACION Elizabeth Dent, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy.

El llamado Pacto de la Meca puede leerse así como un intento de ganar autonomía frente a Estados Unidos sin renunciar a su paraguas de seguridad, en momentos en que Washington da señales de querer reducir su presencia en Medio Oriente, incluso con la guerra con Irán en curso, y en que las políticas erráticas del presidente Donald Trump alimentan dudas sobre la confiabilidad norteamericana.

En esa línea, Mike O’Hanlon, director de investigación del programa de política exterior de la Brookings Institution, señaló a LA NACION que “Washington ya no resulta tan confiable a la hora de tomar decisiones sensatas, en consulta con sus socios, sobre cómo manejar las crisis de seguridad regionales”.

Sin embargo, el episodio de esta semana mostró que Estados Unidos sigue siendo indispensable. Cuando los rebeldes hutíes que amenazan a Arabia Saudita tomaron el control de la costa yemení del mar Rojo el viernes, Riad acudió a Trump y no a sus nuevos aliados del Pacto de la Meca. Aunque el mandatario norteamericano habría descartado por ahora una intervención directa, el episodio volvió a poner en evidencia el peso que Washington conserva en la región.

Por eso, entre los especialistas gana fuerza la idea de que la cooperación industrial y militar puede resultar más relevante que la cláusula de defensa mutua en sí misma. La fabricación conjunta de armamento, los ejercicios militares y el intercambio de inteligencia aparecen como algunos de los principales beneficios concretos del acuerdo.

Según el Arab Center Washington DC, la verdadera importancia del pacto está en su dimensión política e industrial, porque cada país aporta capacidades diferentes y obtiene beneficios propios.

Arabia Saudita ofrece recursos financieros, influencia energética y legitimidad religiosa por su condición de custodio de los lugares más sagrados del Islam. Pakistán suma experiencia militar, capacidad de disuasión nuclear —es el único de los tres con arsenal atómico— y vínculos con China e Irán.

Turquía, por su parte, aporta una sofisticada industria de defensa, tecnología avanzada y un importante poder militar. Cuenta además con el segundo Ejército más numeroso de la OTAN, alianza de la que forma parte.

El pacto también puede interpretarse como un intento de equilibrar el poderío militar de Israel y contener la influencia de Irán, aunque cada uno de los tres firmantes mantiene una relación diferente con esas dos potencias regionales.

“Israel forma parte de los cálculos, pero los tres países no lo perciben exactamente de la misma manera. Turquía considera cada vez más que la política israelí en Gaza, Siria y el Líbano representa una amenaza importante para la estabilidad regional y para sus propios intereses. Arabia Saudita es más cautelosa, pero el ataque israelí de 2025 en Doha despertó preocupación en todo el Golfo por la creciente libertad de acción de Israel”, explicó a LA NACION Riccardo Gasco, coordinador del Programa de Política Exterior del Instituto de Investigación Política de Estambul.

Gasco aludió al bombardeo israelí en Qatar contra miembros de la cúpula de Hamas refugiados en Doha, un episodio que reforzó las dudas de los países del Golfo sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Israel en la región.

Con Irán las diferencias son todavía más marcadas. Arabia Saudita mantiene una histórica rivalidad con Teherán, mientras Pakistán conserva estrechos vínculos económicos con el régimen iraní.

Turquía, en cambio, sostiene desde hace siglos una relación compleja pero relativamente estable con Irán, caracterizada por una suerte de coexistencia competitiva. Aunque Ankara y Teherán rivalizan por influencia regional, el gobierno turco ha evitado históricamente una confrontación directa y ha privilegiado la gestión de las tensiones.

En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, intentó disipar las especulaciones sobre un enemigo específico detrás del tratado. Tras la firma, aclaró que ningún país será considerado una amenaza mientras ninguno de los miembros del pacto sea atacado.

La semejanza con la OTAN

El hermetismo en torno a los términos específicos del acuerdo deja dudas sobre cómo y hasta qué punto podría activarse el mecanismo de defensa mutua ante un ataque contra alguno de sus miembros.

Como el texto completo no fue publicado, siguen sin conocerse casi todos los detalles operativos. No está claro qué se consideraría exactamente un ataque armado, qué tipo de asistencia debería prestar cada socio ni bajo qué condiciones. Tampoco se anunció la creación de un comando conjunto o de una fuerza militar permanente.

Los ataques con drones de baja intensidad lanzados por Irán contra Arabia Saudita desde la firma del pacto ilustran esa ambigüedad. Aunque constituyeron agresiones contra el reino, ninguno provocó una respuesta coordinada de los otros miembros.

Tampoco se anunció ningún mecanismo de intercambio nuclear, despliegue de ese tipo de armas o planificación conjunta, por lo que el arsenal paquistaní parece tener, al menos por ahora, un valor principalmente disuasorio.

Además, la respuesta ante una agresión no sería necesariamente automática. Cualquier acción militar podría requerir la aprobación de las instituciones nacionales de cada país.

El propio ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, explicó que los aliados decidirán mediante consultas qué grado y modalidad de apoyo brindarían ante un ataque, y que los tres países evaluarían conjuntamente la respuesta.

Por eso, la comparación inicial con la OTAN tiene límites importantes.

Como explicó Dent, el pacto “es un reflejo de una tendencia más amplia hacia coaliciones más pequeñas”, articuladas en torno a amenazas comunes, cooperación en la industria de defensa y señales políticas, en lugar de una estructura militar plenamente integrada como la de la Alianza Atlántica.

Entre los factores que aceleraron el acuerdo, los expertos mencionan la escalada regional posterior a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la guerra con Irán, los ataques contra infraestructura del Golfo, las interrupciones en el estrecho de Ormuz y el renovado accionar de los hutíes en el mar Rojo.

Sin embargo, el pacto es también la culminación de años de diplomacia discreta. Un antecedente directo fue el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua firmado en septiembre del año pasado entre Arabia Saudita y Pakistán, que ya establecía que una “agresión contra cualquiera de los dos países será considerada una agresión contra ambos”.

Una vez creado, y en su intento por consolidarse como un polo regional con mayor autonomía, el Pacto de la Meca dejó abierta la puerta a la incorporación de nuevos miembros.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el acuerdo está “abierto [...] a todos los países hermanos”, mientras que Fidan, que calificó a Egipto como “nuestro socio natural en todos los asuntos”, sugirió que El Cairo podría sumarse a la alianza una vez resueltos “algunos temas técnicos”.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un esfuerzo por mapear la biodiversidad a gran escala, la Argentina, a través del Conicet, se ha incorporado formalmente a Snapshot Global, una red de monitoreo ecológico creada en los Estados Unidos en 2019, que utiliza cámaras trampa para registrar mamíferos terrestres medianos y grandes.

La iniciativa, que ya se implementa en al menos 23 países, entre otros, Brasil y Chile, busca reunir información anual comparable sobre la presencia, la distribución y el dinamismo de la fauna en diversas ecorregiones del mundo.

El desarrollo del proyecto en el país está liderado por los científicos Sergio Lambertucci (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, Conicet-Universidad Nacional del Comahue), Ilaria Agostini y Sebastián Ballari (Parque Nacional Nahuel Huapi), en colaboración con referentes internacionales como Roland Kays (Estados Unidos) y Eduardo Silva-Rodríguez (Chile).

Hasta el momento, los relevamientos de fauna silvestre en el país se caracterizaban por la dispersión metodológica entre distintas regiones e instituciones. En diálogo con LA NACION, Agostini sintetiza la situación actual: “En la Argentina existen numerosos grupos de investigación que han generado información valiosa sobre mamíferos mediante estudios locales o regionales. Sin embargo, muchas veces los resultados no pueden compararse directamente debido a diferencias en los métodos utilizados”.

Por su parte, Lambertucci advierte sobre las consecuencias de esta falta de integración de datos: “Muchas estimaciones de tendencias poblacionales se realizan con datos no sistemáticos y parciales, por la falta generalizada de información, principalmente en el sur global”. Frente a este escenario, la iniciativa Snapshot propone unificar los criterios metodológicos para transformar esfuerzos locales aislados en una gran base de datos estructurada a nivel nacional e internacional.

El monitoreo se enfoca principalmente en mamíferos de mediano y gran tamaño –definidos como aquellos que superan un kilogramo de peso corporal–, abarcando desde carpinchos, zorros, armadillos y felinos silvestres como el puma o el gato guiña, hasta especies exóticas o amenazadas como el huemul. El uso de cámaras trampa resulta clave para registrar este grupo de animales debido a sus hábitos esquivos o nocturnos.

Sobre el funcionamiento del monitoreo mediante esta tecnología, Lambertucci señala: “El objetivo principal que tiene es poder mapear la presencia y abundancia de mamíferos. Nos permite saber dónde están, cuándo están, cómo se solapan con otras especies, en qué ambientes, en dónde les va mejor, en dónde les va peor y juntar esa información a escala de nuestro país”.

Horizontes inéditos

Agostini resalta que este trabajo conjunto abre horizontes inéditos para la ecología de la conservación: “Es un esfuerzo colectivo: muchos grupos estarán trabajando con un mismo enfoque y producirán una base de datos de una escala que sería muy difícil de alcanzar mediante proyectos individuales. Esto abre la posibilidad de abordar preguntas ecológicas y problemas de conservación a escalas mucho más amplias”.

Asimismo, la científica añade que la herramienta posibilitará evaluar “el impacto de las actividades humanas, los cambios en el uso del suelo, las invasiones biológicas, los efectos del cambio climático y la efectividad de las áreas protegidas”, permitiendo detectar también en tiempo casi real la aparición y la dinámica de especies invasoras como el jabalí y el ciervo colorado, entre otras.

Para garantizar que los resultados sean totalmente comparables, los grupos de investigación, ONG y Parques Nacionales que participen deben ajustarse a un protocolo de muestreo estandarizado. Los muestreos en terreno deben ejecutarse rigurosamente entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de este año. Asimismo, cada área de estudio debe contar con al menos 8 cámaras trampa desplegadas en un mínimo de 15 ubicaciones distintas, alcanzando un piso de 400 trampas-noche (número de cámaras activas multiplicado por la cantidad de noches).

Como parte del protocolo, las cámaras deben instalarse guardando una distancia entre sí de entre 200 metros y 5 kilómetros, orientadas a una altura de 20 a 50 centímetros del suelo y paralelas a la pendiente. A su vez, se requiere captura exclusiva en modo fotografía (está prohibido el uso de videos, así como de cebos o atrayentes olfativos).

Una vez concluido el trabajo de campo, las imágenes y metadatos se cargarán y procesarán a través de la plataforma global de biodiversidad Wildlife Insights.

La incorporación de la Argentina no solo potencia la investigación interna, sino que facilita la comparación científica transfronteriza con países limítrofes como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En relación con el crecimiento institucional del proyecto, Lambertucci destaca: “Sumarse a esta red implica ampliar el grupo de colaboradores académicos con los que se interactúa. La reciente creación de Snapshot Argentina ya le permitió al país sumarse a trabajos científicos internacionales sobre la iniciativa y a la presentación de fondos para aumentar la colaboración entre grupos latinoamericanos”.

Los investigadores confían en que este modelo colaborativo se consolide en el tiempo. “En un futuro cercano esperamos que Snapshot sea realmente global, ya que cualquier persona que quiera responder alguna pregunta ecológica interesante o plantear una estrategia de manejo o conservación podrá contar con la información de esta red, de manera similar a como se utilizan otras bases de datos globales de biodiversidad”, concluye Lambertucci.

Comer más proteína de una sola vez no necesariamente ayuda a desarrollar más músculo. Según explicó la nutricionista Julia Zumpano, esto se debe a que el organismo aprovecha entre 25 y 35 gramos por comida para la síntesis muscular, por lo que recomendó distribuir la ingesta a lo largo del día.

Cuánta proteína consumir por día según el peso y la actividad física

Las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2025-2030 recomiendan que los adultos ingieran entre 1,2 y 1,6 gramos por cada kilogramo de peso corporal al día.

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, para una persona de 68 kilogramos, ese cálculo representa aproximadamente entre 80 y 110 gramos diarios. “Esto permite aproximarse a lo que se debería intentar consumir”, indicó Zumpano.

Para el centro médico, esa cifra funciona como una referencia general, debido a que las necesidades también dependen de la edad y el nivel de actividad. Quienes hacen ejercicio de forma regular e intensa probablemente requieran un aporte superior. Lo mismo puede suceder con los adultos mayores, sobre todo después de los 65 años.

Los estudios citados por la institución y diversos especialistas consideran seguro que una persona físicamente activa alcance hasta dos gramos por kilogramo de peso corporal al día.

Cuánta proteína por comida ayuda a estimular el crecimiento muscular

La posibilidad de consumir una cantidad superior durante la jornada no implica que resulte conveniente concentrarla en un único plato. Zumpano aclaró que superar el rango de entre 25 y 35 gramos por comida no provocaría un daño inmediato, pero “es poco probable que aumente la síntesis de proteína muscular”.

Por eso, afirmó que repartir la ingesta de manera uniforme resulta más beneficioso para maximizar el crecimiento y la reparación de los músculos. El primer paso, según la nutricionista registrada, consiste en determinar los requerimientos reales de cada persona, ya que las necesidades pueden variar según la edad, el peso y el nivel de actividad física.

Qué riesgos puede tener el consumo excesivo de proteína

Mantener una alimentación con cantidades excesivas de proteína puede generar riesgos, especialmente si gran parte procede de productos de origen animal o suplementos nutricionales. Una de las preocupaciones es la sobrecarga renal, ya que los riñones eliminan los residuos producidos cuando el cuerpo procesa este nutriente.

Una ingesta que supere de forma constante las necesidades personales puede estresar o dañar esos órganos. Las dietas con niveles muy elevados de fuentes animales también pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cálculos renales en algunas personas.

Otro posible efecto de una ingesta elevada es la aparición de deficiencias nutricionales, sobre todo cuando los batidos, las carnes u otros productos con alto contenido proteico desplazan a los alimentos vegetales y reducen el aporte de fibra, vitaminas y otros nutrientes necesarios.

También puede existir un riesgo para la salud cardíaca cuando buena parte de la proteína proviene de carnes rojas o procesadas con cantidades elevadas de grasas saturadas, asociadas con una mayor probabilidad de enfermedades del corazón. Un consumo excesivo también puede manifestarse a través de distintas señales, entre ellas:

• Problemas digestivos: las dietas de este tipo pueden causar estreñimiento si reemplazan frutas, verduras, legumbres y granos integrales ricos en fibra.
• Deshidratación: el organismo elimina más agua a través de la orina para expulsar los residuos producidos durante el procesamiento.
• Mal aliento: los planes con niveles muy altos y pocos carbohidratos pueden ocasionar el denominado “aliento cetónico”.
• Aumento de peso o dificultades para adelgazar: cada gramo aporta alrededor de cuatro calorías. Si el agregado eleva el total energético por encima de las necesidades personales, puede favorecer una suba de peso o frenar su descenso.

Cómo distribuir la proteína durante el día, según Julia Zumpano

Zumpano recomendó calcular primero las necesidades individuales según el peso y después ajustar el resultado conforme a la edad y la rutina de ejercicio. También aconsejó registrar una jornada habitual antes de decidir si hace falta sumar una cantidad adicional.

“Si se cubren las necesidades, tal vez haya que reconsiderar la posibilidad de agregar más”, sostuvo. Cuando el aporte resulta insuficiente, propuso priorizar alimentos integrales y fuentes magras antes de recurrir a batidos o suplementos similares.

La planificación también debería incluir una porción en el desayuno y el almuerzo, en lugar de reservar la mayor parte para la cena. Los frijoles, frutos secos, semillas y otros productos vegetales permiten elevar el aporte y, al mismo tiempo, proporcionan fibra y sustancias que no están presentes en las alternativas animales.

Su incorporación puede contribuir a reducir el riesgo de afecciones crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Sin embargo, eso no significa que sea necesario recurrir a productos enriquecidos en cada comida.

Los polvos de proteína pueden ser una alternativa práctica para alcanzar un objetivo específico, aunque no deberían utilizarse solo con la intención de aumentar el consumo diario.

Una dieta variada debe conservar el aporte de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. “Hay que asegurarse de obtener suficiente proteína”, concluyó Zumpano. “Pero hay que conocer el propio límite”.